Hoy, 19 de junio de 2018, el Foro Penal Venezolano asegura que en Venezuela, después de las recientes excarcelaciones, hay 280 presos políticos. Adicionalmente, 7300 personas tienen procesos penales abiertos por motivos políticos y un número desconocido de exiliados no pueden ingresar al país por estar sujetos a procesos penales.  Eso es hoy, pero en medio de la evolución de la revolución, donde la frase común era “no vale, eso no va a pasar aquí”, esta era la realidad en el año 2011.

¡Ah! Pero si usted cree que estas cosas sólo pasan en los gobiernos de izquierda, le sugiero que se saque ese Chávez que lleva dentro para que logre entender que la centralización del poder en una sola persona, es un suicidio social.

Presos Políticos

Con vulgar desfachatez Chávez ha dicho que en Venezuela no hay presos políticos sino políticos presos.  Entre esas cosas que nunca iban a pasar y pasaron se destaca la privación de libertad de venezolanos, por diversos motivos que el gobierno siente como limitantes a sus planes.  Todo aquel que el oficialismo perciba como obstáculo, podrá ser detenido y mantenido en una cárcel.

Según la página de internet de la organización Venezuela Awareness Foundation, al 15 de septiembre de 2011, en las cárceles venezolanas se encuentran privados de libertad diecinueve venezolanos y durante el proceso revolucionario han estado privados de libertad un total de ochenta y nueve personas.

Cualquiera puede ser el detonante de la inquietud oficialista: policías que trataron de impedir una matanza mayor el 11 de abril, militares que pronunciaron su descontento con el proceso, estudiantes que protestaron más de la cuenta, un alcalde que le ganó a un candidato de Chávez, una juez que quiso hacer justicia, un abogado que quiso defender lo indefendible en la revolución o un banquero que no quiso plegarse al proceso.

Los recursos empleados por Chávez y su séquito para mantener en prisión a quienes considera enemigos del proceso son múltiples y carecen de todo sustento legal.  En Venezuela cualquiera puede ser golpista o corrupto, siempre que Chávez lo diga.  Recordemos nuevamente, en el año 2006, en Sesión solemne del Tribunal Supremo de Justicia los jueces gritaban “Uh, ah, Chávez no se va”.  Ya entonces estaba claro que el Poder Judicial no estaba más al servicio de los venezolanos, ya estaba claro que los jueces de la República Bolivariana de Venezuela tenían dueño.

Durante su gestión, Hugo Chávez ha logrado adueñarse de todos los poderes públicos.  El poder Judicial no se salvó de la arremetida, pero el venezolano feo le restó importancia a la cárcel subyacente que le estaban levantando alrededor a punta de decretos y leyes antidemocráticas.  El venezolano feo pensó que si no se metía en política estaba a salvo, pero no quiso ver que cuando una sola persona tiene el poder de decidir qué es un delito y cómo se castiga, nadie es libre, nadie está a salvo.  La Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia lo dijo claramente: en Venezuela no se puede seguir pensando en una división de poderes porque ese es un principio que debilita al Estado, y para los chavistas el Estado es Chávez.

Hay casos emblemáticos que considero necesario destacar.  Aunque quisiera extenderme, más a modo de protesta que de análisis, en los casos de Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero, el objetivo de este libro me obliga a seguir de largo, no sin antes hacer énfasis en un tema que no se puede olvidar: los policías metropolitanos están presos porque la revolución necesita reescribir una historia sangrienta que los deja mal parados y necesitaban un culpable para los libros de ese mañana que nos intentan imponer.  Estos agentes de la Policía Metropolitana no son sino el chivo expiatorio de Chávez y con ellos pretende quitarse la sangre de las manos, esa sangre derramada por un único objetivo: mantenerse en el poder.

Muchos de los presos, perseguidos y exiliados del régimen están relacionados con la rebelión civil de abril de 2002.  Los venezolanos que de una u otra forma actuaron en pro de la democracia sufrieron la persecución de la dictadura, los que dispararon a mansalva contra una manifestación pacífica que quería llegar a Miraflores, fueron absueltos.  La Comunidad Internacional, haciendo eco del Chávez interno que sale de paseo de vez en cuando, no hizo nada.  El venezolano feo tampoco, porque simplemente es mejor no meterse en política y mantenerse a salvo.

Raúl Isaías Baduel lideró el plan que llevó de regreso a Chávez al poder, pero en 2007 se pronunció en contra de la reforma constitucional propuesta por su camarada.  El resultado fue que al año siguiente se le levantara un proceso judicial por corrupción y en el 2010 se le sentenciara a casi ocho años de cárcel.  Lo más alarmante del caso Baduel es el poder de señalización del poder, simplemente cualquier disidente terminará en la cárcel.  Con esto Chávez envía un mensaje claro a sus más allegados colaboradores, el precio de la conciencia – o de la traición para efectos revolucionarios- es la pérdida de la libertad.  Así se garantiza la fidelidad, o por lo menos el silencio de quienes comparten las mieles del socialismo del siglo XXI.

De manera análoga, la jueza María Lourdes Afiuni fue a la cárcel por dictaminar que un banquero fuese juzgado en libertad, por tener tres años preso sin sentencia firme. Chávez exigió 30 años de cárcel.  Esta acción envía un mensaje claro a los jueces: la sentencia la dictamina Chávez y quien pretenda hacer justicia, quien pretenda hacer cumplir las disposiciones establecidas en las leyes vigentes en Venezuela, va a la cárcel.

Ambos casos son muestra clara del terrorismo de Estado vigente en Venezuela.  Hay una sola voz en el gobierno y todo aquel que pretenda decir lo contrario, pagará con cárcel.

No obstante, los presos políticos en Venezuela dejaron de ser fácilmente identificables, debido a la naturaleza del proceso económico que se está llevando a cabo.  Si el objetivo de Chávez es imponer un modelo de producción y distribución socialista, los verdaderos enemigos de la revolución no son los políticos, no son los militantes de los partidos políticos, sino los empresarios y los banqueros privados.

El caso de la jueza Afiuni está precedido por el encarcelamiento del empresario y banquero Eligio Cedeño, el 8 de febrero de 2007.  Los cargos contra el empresario fueron: contrabando por simulación de importación, distracción de recursos bancarios, y por obtención de dólares americanos de modo fraudulento.  No se pudo demostrar nada, pero eso no impidió que los involucrados en el proceso lo mantuvieran en prisión.  La jueza Afiuni le otorgó libertad condicional, Cedeño huyó del país  y por ello la jueza fue apresada el 10 de diciembre de 2009 por los cargos de abuso de poder y favorecimiento para la evasión o fuga de un preso. El 2 de febrero de 2011 se le otorgó la casa por cárcel.

 

Con este precedente legal, el 23 de enero de 2011, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, fue detenido el empresario y banquero César Camejo, sin que existiera una orden de aprehensión en su contra.  Actualmente se encuentra detenido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN, antigua DISIP), en Caracas, acusado por delitos financieros que, valga la acotación, no existen en la ley actual y son parte de una norma no vigente correspondientes a la Ley de Bancos y otras Instituciones financieras derogada a finales del mes de diciembre de 2010.

El caso de César Camejo es otro caso emblemático.  Firmó el llamado decreto Carmona, con lo cual el oficialismo envía un mensaje claro a los venezolanos: cualquiera que haya firmado el decreto Carmona está en riesgo de ir a la cárcel y para ello se usará todo el aparato judicial, vigente o no.  Como banquero y constructor, Camejo cuenta con bienes que son de interés para los oficialistas, de manera que quien quiera que posea activos que le apetezcan a la revolución, tiene dos opciones: plegarse al proceso o pagar con cárcel el desaire.  Cualquier empresario que se mantenga firme en su posición ideológica, cualquier banquero que aspire seguir siendo capitalista, puede ir preso y no importa si no existe una ley que castigue los delitos que se le imputen, las leyes en la revolución se hacen a la medida de cada caso.

César Camejo lleva casi ocho meses en prisión.  Su esposa y sus cuatro hijos viven con la impotencia de no saber cuál será el destino de ese padre y esposo que un día salió de casa y no ha vuelto y no se sabe cuándo volverá.

Esa puede ser la vida de cualquier venezolano en la revolución.  Cualquiera de nosotros puede ser víctima de un proceso que ciertamente se está profundizando.  Si usted cree que no meterse en política es suficiente para mantenerse a salvo, deje la ingenuidad en los cajones y despierte, porque usted no sabe cuándo se le atraviesa a un chavista en el camino y, como el poder les pertenece porque nuestra indiferencia se lo permitió, usted podría ser el próximo en la lista negra de los presos políticos.

EL VENEZOLANO FEO. SEGUNDA EDICIÓN AMPLIADA. 2011.