Mientras el gobierno colombiano trata de negociar la paz en la Habana, Cuba; en el interior de Colombia, corriendo desde lo más profundo de las venas de la Nación, los anticuerpos de la paz hacen su trabajo silencioso.  Cualquier negociación de paz sería como tratar de negociar con las metástasis de un cáncer que durante décadas ha deteriorado la salud de la sociedad neogranadina.  Las células cancerígenas de la injusticia, la desigualdad, la discriminación y la pobreza hacen de cualquier tratado de paz una quimera.

La paz es como el amor, para que sea sostenible debe construirse, no puede negociarse.  Y la construcción de la paz debe, necesariamente, involucrar a toda la sociedad.  Sin embargo, existen sectores cuya influencia supera en intensidad y rango a los demás.

El gobierno tiene una responsabilidad insoslayable en el diseño de los mecanismos que deben implementarse para construir la paz, pero el sector privado debe involucrarse directa y seriamente en el proceso, pues -de lo contrario- sus acciones darán al traste con los esfuerzos de los principales actores.

El Club Médico Deportivo Bodytech permite hacer un análisis del accionar de la sociedad colombiana ante las oportunidades de incidir de manera significativa en la construcción –o destrucción- de los caminos de paz.

Cuando en las sociedades los poderes cometen errores, que derivan en incumplimiento del Contrato Social, los ciudadanos tienen derecho a exigir cambios y este derecho está consagrado en todas las constituciones de los países democráticos.  Libre expresión, libertad de reunión y organización, libertad de pensamiento, igualdad ante la ley, entre otros, son algunos de los derechos fundamentales que deben garantizar los dirigentes de una Nación.

Colombia es un país signado por el miedo, al colombiano le da miedo exigir, le da miedo organizarse políticamente para demandar respeto por sus derechos.  El colombiano no cree que valga la pena hacer un esfuerzo para que sus derechos sean resarcidos y calla.  Calla ante el abuso de los gobiernos y de las empresas.  Y éstas saben quién es su cliente y se sienten con la libertad de incumplir sus deberes y burlar los derechos de los usuarios.

Como en cualquier cuerpo social, en Bodytech –que es una Institución Prestadora de Servicio de Salud (IPS)- se cometen errores y hay afectados.  Grosso modo, las cosas han pasado así:  Desde marzo de 2014 se produjo un intento democrático en la sede Suba para exigir a Bodytech el cumplimiento de normas mínimas de salubridad y buen servicio a los clientes.  Desde entonces se generó una matriz de opinión interna en la empresa que veía en la organización de los afiliados una amenaza a su status quo.  Como si se tratase de una dictadura soslayada, el gobierno de Bodytech no quiso escuchar la demanda de la sociedad civil organizada y atacó a los líderes (o a la líder) del movimiento democrático.

Quizá un poco de demagogia hubiera calmado los ánimos de los afiliados.  Quizá comprar algunas máquinas, equipos nuevos para la sede, pintar un par de paredes… quizá esos actos simples hubieran demostrado algún interés por parte del gobierno Bodytech para satisfacer las demandas del pueblo.

No obstante, la respuesta fue mano dura.  No sólo negaron la existencia de los problemas sociales, sino además se ampararon en la idea de que hasta allí llegaría el movimiento de reivindicación.

Como puede observarse, la actitud empresarial es exactamente la misma que la actitud de los gobiernos locales, regionales y Nacional.  El ciudadano puede quejarse, tiene derecho de hacerlo, pero si lo hace será ignorado, se le dará la vuelta al asunto para hacerlo poco o nada importante, se desestimarán las causas del descontento popular y, lo más importante, se dilatarán los procesos para que se aburra y reconozca que nunca va a ganarle al poder.

Pero el movimiento de reivindicación en Bodytech no cesó sus acciones y recurrió a las instancias encargadas de velar por el respeto a los derechos de los consumidores: Superintendencia de Industria y Comercio y Secretaría de Salud.

Transcurrieron más de dos meses y no hubo respuesta.  Muchos afiliados “se cansaron de pelear” y decidieron que no iba a pasar nada, que no valía la pena enfrentar a ese Goliat.  Así, como en el mito de la caverna de Platón, algunos se volvieron en contra de quien los invitaba a abrir los ojos y entender que fuera de la caverna existía un mundo diferente.

Otros, sin embargo, continuaron en la carrera por hacer valer sus derechos y participaron activamente en los medios que se abrieron para tal fin.

Los tentáculos del poder llegan a la Secretaría de Salud y en una inspección que le hicieran a la sede Suba, declaran en un informe la existencia de condiciones que no se ajustan a la realidad.  A modo ilustrativo, el salón de clases grupales no tiene ventilación natural, no tiene extractor de humedad, apenas cuenta con cuatro ventiladores que no ayudan a que los espejos no se empañen o el piso no se vuelva resbaladizo… sin embargo, la Secretaría de Salud declara la existencia de seis ventiladores y condiciones apropiadas para el entrenamiento en ese espacio.

Análogo a lo que ocurre cuando cualquier grupo de colombianos trata de hacer valer sus derechos en este país, buena parte del grupo de afiliados a Bodytech siente que no tiene chance de ganar.  Muchos optan por retirarse o entrenar en otras sedes, muchos abandonan la causa por sentir que no vale la pena.  Más triste aún, muchos comienzan a cuestionarse si realmente tienen derecho a exigir algo mejor.

Ante el silencio cómplice de la Superintendencia de Industria y Comercio, se opta por recurrir a la Procuraduría General de la Nación, lográndose una respuesta vaga e imprecisa cuatro meses más tarde.  Una respuesta que sólo decía que la competencia en este asunto queda en manos de la Secretaría de Salud y la Alcaldía Local de Suba.  Sí, exactamente igual a lo que ocurre con cualquier conflicto en Colombia.  Las instituciones no le responden al ciudadano y, cuando responden, lanzan la bola a otra parte, confiados en el desgaste de los movimientos democráticos.

En ese mismo periodo, la líder de la oposición es llamada a las oficinas de Bodytech, donde el abogado de la empresa le ofrece dinero para que se retire del gimnasio.  Al no aceptar el soborno, la actitud del abogado y un sujeto encargado de la solución de conflictos, fue poner en tela de juicio los reales objetivos de las reclamaciones.  Pese a la claridad del asunto, trataban de buscar intereses ocultos, como si se tratara de una cruzada en la cual la empresa es la víctima.

Se establecieron varias comparaciones que hablan de la verdadera visión de la compañía sobre sus afiliados, quizá análoga a la visión que tienen los diferentes niveles de poder sobre los ciudadanos.

Para la empresa, y según las propias palabras de sus representantes, el afiliado que se inscribe en Suba “sabe lo que puede aspirar”.  Es decir, si usted paga la afiliación a Suba es porque sabe que sólo tiene derecho a entrenar en máquinas que suenan y tiemblan, en equipos que se dañan constantemente; el usuario que entrena en Suba sabe -según la visión de la empresa- que puede caerse en una clase de Rumba o de Combat en el salón de clases grupales y lo acepta… y sabe que no habrán suficientes sanitarios y duchas… y si está pagando Suba es porque acepta estas condiciones.  Sin embargo, Yo no he visto que esto se le haga saber a ningún afiliado nuevo y la empresa sigue vendiendo una imagen muy diferente y captando compradores.

Para la empresa, en boca del Sr. Nicolay Correal, el sujeto encargado de solucionar conflictos, la sede Suba se compara con el Transmilenio, usted sabe que si paga Transmilenio va a ir aplastado.  O, parafraseando al mismo caballero, la sede Suba es como un corrientazo, usted paga un monto y puede aspirar sólo a lo que hay…

Finalizando noviembre se llevó a cabo una reunión con el gerente de la sede, quien habló de una remodelación que se llevará a cabo antes de finalizar mayo de 2015.  A pesar de recibir con beneplácito la noticia, la lucha continuaba, porque el problema no sólo radica en la infraestructura y los equipos, también se evidencia en el servicio y el trato irrespetuoso que reciben los usuarios de esta sede, quienes perfectamente pueden ajustar su agenda para ir a una clase que no se lleva a cabo y no recibe indemnización alguna por ello; que puede esperar a un profesor para una clase grupal y nadie le avisa que llegará tarde; que puede llegar a una clase y encontrar sucio el salón, que si quiere poner una queja encontrará que no hay buzón para hacerlo, que eliminaron la figura de gerencia media y que pocas veces encontrará al gerente de la sede, de manera que no hay nadie que atienda sus reclamaciones.

Estas, y otras deficiencias, serían expuestas en una carta que iba dirigida al gerente… pero como en toda dictadura, cuando el régimen no puede chantajear, amenazar o sobornar a un líder, optan por el exilio.

El 4 de febrero, quien liderara el movimiento de reivindicación por los derechos de los afiliados a Bodytech Suba, recibe una carta con fecha 30 de enero, en la cual le informan que su contrato ha sido suspendido unilateralmente y de forma irrevocable, sólo porque la empresa se siente incapaz de satisfacer las expectativas planteadas, que no son otras que condiciones de salud que se correspondan a una IPS, higiene, buena atención y equipos decentes.

Es decir, en lugar de aprovechar las oportunidades de mejora en medio de la coyuntura, en vez de trabajar juntos para construir la sociedad que todos queremos, se opta por un camino similar al que usa la dictadura venezolana: si usted reclama y organiza a la gente, usted es un terrorista y será acusado de instigación a delinquir y va preso.

En este marco social Colombia está tratando de negociar la paz.  En una sociedad donde reina el miedo, donde el ciudadano común siente que no tiene derechos, donde quienes ostentan el poder imponen sus condiciones y pasan por encima de los derechos de los demás, resulta realmente difícil lograr una paz sostenible.

Adriana Pedroza Ardila

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